¿FUNCIONA LA FUNCIÓN PÚBLICA?

Las recientes medidas anti-déficit que ha aplicado el Gobierno sobre las remuneraciones de los funcionarios ha reabierto viejos debates acerca de la Administración Pública. Las quejas de los afectados, que son los que ven disminuir su poder adquisitivo de manera directa, han sido amortiguadas con mensajes sobre el privilegio que tienen los funcionarios respecto a la seguridad de su puesto de trabajo. En tiempos difíciles parece claro que todo el mundo debe “arrimar el hombro” y muchos trabajadores del sector privado hace tiempo que padecen las consecuencias, incluso con la pérdida de su empleo.

Sorprende saber que según los últimos datos de Ejecución Presupuestaria disponibles, el gasto del Estado destinado al pago de los sueldos de empleados públicos temporales se ha incrementado un 5%, lo que indica que todavía se esta siguiendo una línea de contratar a más personal en lugar de incrementar la productividad o la movilidad entre diferentes Departamentos.

Y es que el debate sobre el tamaño de la Administración pública y su gestión es muy antiguo. La coyuntura económica simplemente lo hace más actual, sobre todo en una configuración estatal en la que hay diferentes Administraciones implicadas.

No recuerdo ningún Gobierno que, al acceder al poder, no haya declarado su intención de reducir el aparato de la Administración. Tampoco recuerdo ninguno que realmente lo haya conseguido.

Este es un problema que se arrastra desde hace décadas. Originalmente, la protección del puesto de trabajo de los funcionarios se ideó con la intención de que no estuviesen expuestos a criterios de cambios políticos. Pero también es cierto que este excesivo proteccionismo ha llevado a enquistar una situación en la que las remuneraciones no dependían de los méritos o de la productividad individual. Este sistema no permite realmente aprovechar el talento disponible y fomenta la desmotivación entre el propio personal. Con el tiempo se han introducido algunos elementos de corrección con complementos variables, pero poco claros.

El tamaño de la Administración es excesivo, fruto de políticas de empleo que muchas veces respondían a compromisos politizados de convocatorias públicas o de la poca visión de futuro al incrementar el número de funcionarios cada vez que se producían “puntas de trabajo”.

Desde el poder ejecutivo se ha pedido en numerosas ocasiones que las empresas privadas se gestionasen con criterios de eficiencia que permitiese hacer más productiva y competitiva la economía nacional. Pero se han olvidado de aplicarlos “en su casa”, la Administración Pública.

Ahora, toca reducir el gasto público. Pero si no se inicia un proceso de racionalización de la Administración a largo plazo, el problema no se resolverá de manera real y la función pública seguirá sin funcionar de manera eficiente.

(Publicado en Diario Expansión, 18-10-2010)